Actualmente el Código Orgánico de Tribunales impide que personas con discapacidad visual, auditiva o de expresión oral puedan acceder a la judicatura.
Efectivamente, la justicia es ciega, pero los que la imparten no pueden serlo. Hasta ahora, el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que disponía con poca concreción que “están incapacitados para el ingreso en la carrera judicial y fiscal los impedidos física y psíquicamente para la función judicial”.
Pero la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) va a reformarlo para que los ciegos puedan acceder a los tribunales como cualquier otro.
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Los únicos destinos a los que no podrán acceder son aquellos en los que se diriman cuestiones donde haga falta la vista, como casos de plagios gráficos, o de deslinde de terrenos y fincas.
Sin embargo, para la Asociación de Magistrados la limitación que establece la ley no se adapta a los tiempos actuales, donde la tecnología ha permitido que textos pasen íntegramente a voz.
Por ello la presidenta del Senado, Isabel Allende, ingresó un proyecto de ley que busca modificar la normativa que data del año 1943.
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